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A las Directrices de la OCDE les falta garra, influencia

Joris Oldenziel & Joseph Wilde-Ramsing 25/09/2009
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Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son las expectativas de los países adherentes en relación con la conducta responsable de sus empresas multinacionales en materia de cuestiones de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), incluyendo cuestiones laborales, de derechos humanos y medio ambientales. Las Directrices son facultativas; su cumplimiento por parte de las empresas es voluntario. Esta semana, el cierre de un caso contra Shell fundado en las Directrices revela una vez más que la naturaleza facultativa de las Directrices y la renuencia de los gobiernos de establecer consecuencias para la violación de sus disposiciones limitan la autoridad del instrumento y su capacidad de influir en la conducta empresaria.

Para las empresas, las Directrices de la OCDE son facultativas, pero no opcionales. ¿Cuál es la diferencia? “Facultativo” significa no requerido por ley; “no opcional” significa que no carece de consecuencias. De conformidad con sus obligaciones en virtud del tratado, los Estados adherentes a las Directrices de la OCDE deben asegurar que sus empresas cumplan con las Directrices, razón por la cual deben establecer consecuencias derivadas de la inobservancia de sus estándares. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los países adherentes no establecen consecuencia alguna para los casos de incumplimiento de las Directrices, a pesar de que, para hacerlo, cuentan con una variedad de instrumentos en materia de políticas. A modo de ejemplo, las garantías y créditos públicos para empresas (como los seguros de crédito a la exportación, la participación gubernamental en misiones comerciales, etc.) podrían ser sujetos a la condición de la observancia de las Directrices, a fin de promover su cumplimiento.

Aunque en el caso de incumplimiento de las Directrices de la OCDE por parte una multinacional las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas pueden presentar un reclamo ante el Punto Nacional de Contacto (PNC), la experiencia ha demostrado que ello tiene escaso impacto en la conducta de dicha empresa. En 2006, Friends of the Earth y sus socios filipinos presentaron conjuntamente ante el PNC holandés un reclamo contra Shell relativo a las condiciones de salud y seguridad en un depósito de petróleo situado en el centro de la capital filipina, Manila.

Durante tres años, el PNC intentó investigar la cuestión e llevar a cabo una  mediación entre las partes (la mediación es la tarea principal del PNC en un caso como este). Sus intentos fracasaron debido a la renuencia de Shell de participar en cualquier intento de mediación que involucrase un posible traslado del depósito hacia otro lugar. La naturaleza facultativa de las Directrices de la OCDE y la negativa del gobierno holandés de aplicar consecuencias a su inobservancia implican que, lamentablemente, el PNC carece de la capacidad de obligar a las empresas a tomarse las Directrices en serio. Durante el procedimiento, Shell fijó requisitos de confidencialidad irrazonablemente altos, una situación que el propio PNC calificó de “lamentable” y contraproducente pero contra la cual no pudo hacer nada. El PNC fue forzado a cerrar el caso sin lograr una resolución. Shell demostró una vez más que es naive esperar que las empresas voluntariamente coloquen el bien de la sociedad y del medioambiente por encima de sus propios intereses económicos.

En su respuesta a la declaración final del PNC, el Ministro de Economía holandés, Heemskerk, alabó el intento del PNC de lograr una mediación que “lamentablemente no funcionó”. La negativa de Shell de participar en una mediación con sus stakeholders respecto del traslado del depósito de petróleo, y el hecho de que el PNC considera que Shell violó las Directrices de la OCDE en materia de revelación de informaciones no financieras –incluyendo la divulgación de informes medioambientales- no fueron siquiera mencionados en la respuesta del Ministro, ni hablar ya de consecuencias para Shell.

Así, la señal que este caso envía a la comunidad empresaria holandesa es que el cumplimiento de las Directrices de la OCDE es totalmente opcional, y que su incumplimiento no acarrea consecuencia alguna. Por ende, es absurdo esperar, como lo hace el Ministro Heemskerk en su respuesta, que este resultado “conducirá a una mayor autoridad y observancia de las Directrices de la OCDE”. Es improbable que un PNC incapaz de lograr que una empresa se acerque a la mesa de mediación o de hacer caer requisitos de confidencialidad considerados contraproducentes sea percibido como una solución imperativa o efectiva, especialmente si las empresas no sufren consecuencia alguna cuando ignoran el procedimiento ante el PNC.         

Joseph Wilde-Ramsing y Joris Oldenziel son Investigadores de Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) y Coordinadores de OECD Watch

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